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La vicepresidenta tercera del Gobierno, Teresa Ribera, ha dicho este viernes que las acciones del juez Manuel García-Castellón “tiene una implicación política importante y suele salir a colación en momentos sensibles”, después de que insistiera en la imputación por terrorismo al expresidente catalán Carles Puigdemont.
La ministra ha hecho estas declaraciones, en una entrevista en TVE, después de que el juez de la Audiencia Nacional se reafirmara en su tesis de que el Tribunal Supremo debe investigar a Puigdemont por delitos de terrorismo en la causa abierta en torno a la plataforma Tsunami Democrátic.
“Hay algunas personas (…) que tienen cierta querencia por pronunciarse siempre en una misma dirección y en un momento particularmente oportuno frente a lo que suelen ser los pronunciamientos de otros compañeros dentro del ejercicio del poder judicial”, ha señalado.
La vicepresidenta ha preferido ser “muy cauta” con respecto a la manera en la que “se está pronunciando este juez” que, a su juicio “nos tiene acostumbrados a que siempre” se inclina en la misma dirección.
“Evidentemente tiene una implicación política importante y suele salir a colación en momento sensibles”, ha añadido.
A la pregunta de si cree que al juez García Castellón le pueda guiar un criterio político, ha contestado: “la hemeroteca demuestra que siempre tiene mucho acierto en las fechas y en la sensibilidad de las fechas”.
El PP lamenta el ataque del Gobierno a la división de poderes
El portavoz el PP y vicesecretario de Cultura del partido, Borja Sémper, ha reaccionado a estas declaraciones resaltado que “una vicepresidenta” esté “acusando a un magistrado de prevaricación” y lamentando que “el ataque del gobierno a la división de poderes y a la defensa de los políticos indepes a costa de nuestro Estado de Derecho sigue su escalada”.
El auto de García Castellón
Este jueves el el magistrado de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón se reafirmó en que la investigación sobre la coordinación de las protestas violentas en la calle, los aeropuertos del Prat y Barajas y la frontera de la Jonquera apunta a un delito de terrorismo que debe investigar el Tribunal Supremo, dada la condición de aforado de Carles Puigdemont, a quien atribuye un rol de liderazgo en la organización.
Según el magistrado, “tras las últimas diligencias practicadas hasta la fecha, se ha afianzado la tesis inicial que calificaba los hechos como delito de terrorismo”. Además llama a la Fiscalía a “reflexionar”, siendo este órgano el que debe defender la legalidad.
Así se recoge en el auto en el que el juez desestima el recurso presentado por la Fiscalía contra el envío de la exposición razonada al Supremo para que investigue por un delito de terrorismo en la causa de Tsunami Democratic al expresidente de la Generalitat y miembro del Parlamento Europeo Carles Puigdemont, a la dirigente de ERC, Marta Rovira y a otras diez personas.
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