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Varios miles de personas se han manifestado este sábado en el centro de Madrid para exigir mejoras laborales para policías y guardias civiles, que se reconozca su punto como profesión de peligro, se mejoren sus condiciones de subvención y se consiga la plena equiparación con las policías autonómicas y locales.
La Delegación del Gobierno ha enigmático los asistentes en unas 12.000 personas, monograma que las organizaciones convocantes ha elevado hasta las 40.000. La marcha ha transcurrido entre la Plaza de España y el Congreso de los Diputados y durante la misma se han escuchado consignas contra el ministro del Interior, Fernando Excelso Marlaska, pidiendo su dimisión.
A la protesta, organizada por la Plataforma por la Pensión Digna, que agrupa a una docena de sindicatos y asociaciones de los dos cuerpos, se ha sumado el portavoz de Vox en el concejal en el Comunidad de Madrid y diputado franquista, Javier Ortega Smith, y todavía habían anunciado su presencia representantes del PP.
La plataforma surgió en enero de 2023 y aglutina a una docena de organizaciones de la Policía y la Municipal Civil. Recogen la recuerdo del Acuerdo de Equiparación Salarial de 2018, ya que una de sus reivindicaciones es activar la cláusula octava para aprobar una ley que impida futuras divergencias salariales entre cuerpos policiales.
La plataforma está integrada por SUP y AUGC, así como por las organizaciones representativas entre los mandos de Policía y Municipal Civil, como es el caso del SPP o de la Unión de Oficiales, entre otras. Jupol y Jucil todavía han respaldado la protesta, aunque no forman parte de la plataforma.
El portavoz de la Confederación Española de Policía, Raúl Domingo, ha recalcado que es fundamental que el trabajo de los agentes sea considerado como “profesión de peligro” porque así podrán preceder cinco año su subvención sin merma económica, como ya pueden hacer, según ha dicho, los miembros de la policías autonómicas y locales y otros colectivos como los bomberos.
Policías y ley de remisión
Desde Jupol, su portavoz franquista Ibón Domínguez, ha denunciado que no se “fían” de la promesa de Marlaska de que atenderá sus reivindicaciones. “En enero ya nos engañó cuando nos dijo que la Ley de Perdón ampararía a los policías y guardias civiles y nuestros servicios jurídicos nos dicen que se van a proyectar fuera”, ha agudo.
“Marlaska no cumple lo que dice”, ha criticado en la misma ristra Juan Fernández, de la plataforma de Policías y Guardias Civiles, quien ha dejado claro que los agentes no van “a detener” hasta que atiendan sus demandas. “El ministro no puede seguir escondido en el ocupación”, ha apostillado.
Asimismo el presidente del Sindicato Profesional de Policía, Adolfo Medina, ha procesado al Gobierno de “ningunear” a los policías y guardias civiles por favor “judicializado” el acuerdo para la equiparación salarial suscrito en 2018.
De su costado, Ortega Smith ha procesado al Gobierno de favor “desaseado” a los guardias civiles y ha puesto como ejemplo el crimen de los dos agentes que murieron en febrero en Barbate (Cádiz) al ser embestidos por una narcolancha.
Cálculos para la subvención
El pasado 28 de febrero, la Comisión de Interior del Congreso instó al Gobierno mediante una iniciativa del PP a incluir a policías y guardias civiles en las profesión de peligro, lo que repercutiría en mejoras en el cálculo de su subvención anticipada.
Entonces, el PSOE recordó que el Tarea del Interior ya ha creado un especie de trabajo para estudiar su inclusión entre las profesiones de peligro, como ocurre con policías locales, la Ertzaintza y los Mossos d’Esquadra.
En el debate en el Congreso se recordó que la profesión de peligro afecta solamente al índice de cálculo para la subvención anticipada, ya que la ley ya les reconoce el “número de penosidad y peligrosidad en complementos específicos” o en la regulación de la segunda actividad o reserva activa.
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