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Una de las demandas más recurrentes de los postulantes a viviendas apunta a acortar los plazos para apurar la ejecución de los proyectos habitacionales, que empuja el Minvu a lo dilatado del país como organización del gobierno de turno.
Y, no sólo constituye una puesta por cumplir el software habitacional, sino incluso por achicar los tiempos de tramitación de solicitudes en las oficinas de Obras Municipales y dispensar igualmente a los pequeños propietarios, que quieren regularizar sus construcciones, como incluso a los desarrolladores inmobiliarios.
En esta linde, una iniciativa permitido surgida en noviembre de 2022, la que este lunes fue despachada a ley, tras su aprobación acorde en el Parlamento, modifica la Ley Genérico de Urbanística y Construcciones con el objetivo de achicar los plazos para diversos procedimientos de edificación, y clarifica las sanciones para los directores de Obras Municipales y alivio la transparencia en la gobierno de permisos y declaraciones.
En la discusión, se puso de relieve la presente situación del sector de la construcción, el que representa un 7% del Producto Interno Bruto (Pib) y un 10% del empleo generando 18 mil millones de dólares por año. Así se indicó que, a julio de este año, se aprobaron 2 mil viviendas nuevas en Pimiento, lo que equivale a una caída en la entrega de permisos de un 76,7% anual.
En cuanto a los beneficios de acelerar los permisos de edificación, se hizo ver que el tesina permitirá achicar un 30% los tiempos, lo que implicará que miles de viviendas puedan ser utilizadas considerando que muchas ya están construidas, pero les desatiendo solamente, conectar la electricidad, por ejemplo.
En lo medular, la nueva ley simplifica la labranza del director de Obras Municipales disponiendo que éste deberá revisar exclusivamente el cumplimiento de las normas urbanísticas aplicables a la obra, conforme al permiso otorgado, y procederá, en el plazo de 30 días, a efectuar la recibo, si fuere procedente, o a poner en conocimiento del solicitante la totalidad de las observaciones que estime deben ser aclaradas o subsanadas para otorgar la recibo, indicando con claridad la o las normas supuestamente no cumplidas.
Asimismo, exige que las empresas proveedoras de servicios sanitarios y eléctricos respondan a las solicitudes de factibilidad en un plazo mayor de diez días desde su recibo.
La modernización del sistema, que procura avanzar en la decisión de otros nudos críticos presentes en el proceso de tramitación de los permisos de edificación, es una buena nota para el sector de la construcción, que puesta por una anciano productividad, en un esfuerzo sabido privado, contribuyendo con ello a dinamizar el expansión inmobiliario, dejando detrás una burocracia que genera la permisología en la reactivación económica.
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