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- Se determinará si funcionarios públicos incumplieron con sus funciones o si existieron conductas engañosas o fraudulentas, entre otras materias de investigación.
En medio de la controversia por la entrega de pensiones de agudeza en el entorno del estallido social a personas con circunstancias penales, la Fiscalía Franquista decidió rasgar una investigación penal de oficio con el fin de obtener circunstancias y analizar la posible comisión de delitos en la entrega de estos beneficios.
La determinación la adoptó el fiscal franquista, Angel Valencia, conforme a los circunstancias recabados a través de los diversos medios de comunicación, según lo informado por la Contraloría Normal de la República y la presentación de parlamentarios en presencia de diversas instituciones.
Para esto designó a Marcos Pastén, quien hace poco asumió la Fiscalía Regional Metropolitana Poniente, para encabezar la indagatoria.
Según informó la Fiscalía, en esta investigación se deberá determinar si los funcionarios públicos efectivamente se encontraban a cargo de los pagos, si intervinieron o participaron en la asignación de los bienes, si incumplieron con sus funciones o si existieron conductas engañosas o fraudulentas para obtener beneficios estatales, entre otras materias que serán indagadas.
Cerca de recapacitar que luego del mensaje emitido por la Contraloría Normal de la República que revisó cómo se tramitaron y entregaron durante el año 2022 un total de 418 pensiones de agudeza a víctimas del estallido social de octubre de 2019, uno de los puntos más criticados ha sido el hallazgo de 58 casos en el que los beneficiarios registran circunstancias penales.
Entre ellos, destacan dos casos de peculiar pesadez: uno por atropello sexual en contra de una pupila de seis abriles, y otro, por producción de material pornográfico pueril en contra de una último de 17 abriles.
El primero de ellos corresponde al caso de Robinson Eduardo Jaramillo Ermitaño (56), a quien el 21 de febrero de 2022, bajo el mandato del Presidente Sebastián Piñera, se le concedió una pensión de agudeza equivalente a $425.429 mensuales al ser calificado con lesiones de carácter “dificultoso”, producto del impacto de una bala en uno de sus tobillos en la ciudad de Valdivia.
El segundo caso corresponde al de José Alejandro Lagos Lagos (29), quien mediante el decreto N°2898 del 29 de septiembre de 2022, durante el mandato del Presidente Gabriel Boric, recibió la calificación de daño “leve” producto del estallido social, lo que le permitió lograr a una pensión de agudeza de $283.619 mensuales.
En esta situación, el jueves el gobierno anunció que el Mandatario firmó el decreto para revocar el beneficio.
De acuerdo a los registros del Poder Procesal, el 1 de julio de 2022, Lagos fue condenado como autor del delito de producción de material pornográfico utilizando menores de 18 abriles.
Adicionalmente, existe un beneficiario con nueve condenas por delitos reiterados y otros por intento de robo de altas sumas de billete.
Emol/La Tercera
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