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La Fiscalía Común del Estado (FGE) ha remitido al Supremo una denuncia contra el eurodiputado de ‘Se Acabó La Fiesta’, Alvise Pérez, por su relación con la presunta estafa piramidal de ‘Madeira Invest’, de la cual habría recibido 100.000 euros para promocionar la plataforma de inversión en actos públicos.
Un portavoz de la FGE ha indicado que la denuncia se recibió en la Fiscalía el pasado día 19 de septiembre y ayer fue presentada una ampliación de la misma. De este modo, la denuncia se ha remitido a la Fiscalía del Tribunal Supremo, que es la competente para investigar si puede existir un delito de financiación ilegal, ya que el denunciado es aforado por su condición de eurodiputado.
Afectados por la presunta estafa piramidal de ‘Madeira Invest’ ya han pedido la imputación de Alvise, posteriormente de que el responsable de la entidad, Álvaro Romillo, presentara la denuncia sobre los 100.000 euros entregados al eurodiputado Alvise Pérez.
Así, Alvise habría recibido 100.000 euros para promocionar la estafa en distintos actos públicos, de ahí que el buró haya pedido que se investigue su relación con la plataforma de inversión.
La Audiencia Doméstico ha destapado diligencias para investigar la presunta estafa con criptomonedas, que prometía rentabilidades superiores al 50% y en la que hay varios miles de afectados, cuya cuantía podría exceder los 600 millones de euros.
En un automóvil fechado el pasado 20 de septiembre, el titular del tribunal central de instrucción nº 4, José Luis Calama, atendía la denuncia de la asociación de consumidores Ances, que se suma a las ya presentadas por Zaballos Abogados y Aránguez Abogados.
Estos últimos ya habían solicitado ampliar su denuncia auténtico para que se intervengan ingresos inmuebles propiedad de los responsables de ‘Madeira Invest’ en Punta El Cortecito, en Playa Bávaro (República Dominicana).
La Comisión Doméstico del Mercado de Títulos (CNMV) ya había preparado en mayo de 2023 sobre este “chiringuito” financiero, que dejó de estar eficaz hace pocos días. El supuesto cabecilla de la trama, Álvaro Romillo, conocido en redes sociales como “Criptospain”, se presentaba como hábil en elusión fiscal, y ofrecía a sus clientes estrechar sus pagos a Hacienda.
Con estos argumentos, habría convencido a cerca de 30.000 personas para que accedieran a su club privado de inversión, ‘Madeira Invest’, para el que era necesario hacer un ingreso auténtico de 2.000 euros, que luego sería recompensado con transferencias bancarias en criptomonedas. Algunos de los inversores consiguieron su retribución, pero la mayoría quedó atrapada en unas inversiones que no existen.
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